*Por Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Análisis Macroeconómico de Equilibra
A mediados de enero la administración Milei anunció la reducción del crawling peg del 2% al 1% mensual con el objetivo de que la inflación bajara del 2% mensual. Sin embargo, al poco tiempo del endurecimiento de la política cambiaria, comenzó la segunda presidencia de Trump con una nueva guerra comercial que generó un contexto internacional más incierto y volátil. De la suba de tasas en Estados Unidos por el temor a una mayor inflación por los aranceles y la apreciación mundial del dólar, se pasó rápidamente a una baja de tasas de los bonos de 10 años del tesoro norteamericano, debilitamiento de su moneda y riesgo de recesión.
Aunque la guerra comercial entre las principales potencias mundiales podría generar algunas oportunidades, la creciente volatilidad financiera complicó la estrategia de la administración Milei de acceder a los mercados para refinanciar los vencimientos de la deuda pública en moneda dura y captar financiamiento privado en el exterior. La reducción del ingreso de capitales —en parte también por la disminución de los dólares excedentes del blanqueo—, en un escenario de creciente déficit de cuenta corriente debido a la fuerte expansión de las importaciones por la apreciación cambiaria, la recuperación de la actividad en forma de «V» y la reducción de aranceles e impuestos, generó tensiones en el mercado cambiario.
La estrategia oficial para moderar las tensiones fue avanzar en un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. De hecho, el gobierno envió un DNU al Congreso para aprobarlo, eludiendo la ley Guzmán, y ya obtuvo la conformidad de Diputados. Pese a que aún no se conocen los detalles del mismo y el acuerdo se firmaría a mediados de abril según Milei, el ministro de Economía dio a entender en dos entrevistas que habría una flexibilización en el esquema cambiario actual lo que generó incertidumbre sobre la continuidad del crawling peg al 1% mensual. Esto provocó, a mediados de marzo, un desarme del carry trade, que implicaba colocarse en activos en pesos aprovechando el elevado spread entre la tasa en moneda local y el deslizamiento del dólar oficial (2,5% Vs 1% mensual, respectivamente).
Viendo el vaso medio vacío esperábamos recién para el tercer trimestre -meses previos a las elecciones de octubre- un desarme del carry trade. Viendo el vaso medio lleno, si el acuerdo con el FMI permite salir del esquema rígido del deslizamiento del dólar oficial al 1% mensual, trazando una hoja de ruta creíble para ir desarmando las restricciones cambiarias gradualmente, podría conducirnos a la salida del laberinto cambiario existente. Pese a que es deseable una política cambiaria más flexible en un contexto internacional más incierto, la mayor volatilidad cambiaria eleva el riesgo y, en consecuencia, exige una mayor tasa de interés en pesos como incentivo para permanecer en moneda local.
De cara al futuro, es probable que la firma del acuerdo con el FMI, sumada a la liquidación de la cosecha gruesa, ayude a calmar las presiones cambiarias en el corto plazo. Sin embargo, no está claro si esto reducirá la incertidumbre sobre posibles cambios en la política económica tras los comicios, lo que podría llevar a los agentes económicos a buscar cobertura de manera precautoria. Por lo tanto, no pueden descartarse nuevas turbulencias.
En este contexto, la mejora de la actividad y la reducción de la inflación serían moderadas en 2025. Se espera que el nivel de actividad trepe 5% en el año, impulsado principalmente por el arrastre estadístico positivo del cierre de 2024. Esto significa que, si la actividad permanece en el nivel del último cuarto del año pasado, la expansión económica rozaría el 3% en 2025. Cabe destacar que la mejora se concentrará en actividades no transables, así como en los sectores de minería y energía. En contraste, los sectores exportadores —agroindustria, servicios del conocimiento y economías regionales— y aquellas actividades que compiten con importaciones se verán afectadas por la apreciación cambiaria. Mención aparte para la construcción que seguirá afectada por partida doble: elevados costos de construir en dólares más desplome de la obra pública. Con este perfil de crecimiento, no se espera una expansión significativa del empleo, especialmente del empleo privado formal, en línea con las expectativas nulas de creación neta de empleo reveladas por Manpower para el segundo trimestre de 2025.
En cuanto a la inflación, se prevé que este año la tasa mensual promedie 2%, lo que implica una leve desaceleración respecto a los últimos tres meses de 2024 (2,6% mensual en promedio), pero una mejora significativa en términos anuales: tras una suba de casi el 120% el año pasado, la inflación acumulada en 2025 podría situarse por debajo del 30%.
Para concluir, aunque las elecciones representan un punto de inflexión, no se debe perder de vista el principal desafío para la segunda mitad de la administración Milei: retomar la senda del desarrollo económico tras más de una década perdida (el máximo del PIB per cápita fue en 2011). Esto implica lograr un crecimiento basado en mejoras de la productividad de la economía argentina y el impulso de sectores clave como Vaca Muerta, el litio y el cobre. Para ello, es fundamental normalizar la economía y fomentar la inversión en capital físico, humano e infraestructura. El gobierno ha avanzado en la eliminación del déficit fiscal, la remoción de trabas burocráticas, la reducción de la presión impositiva y la generación de incentivos a la inversión en sectores estratégicos (RIGI). Sin embargo, no está claro que haya habido avances en el fortalecimiento del capital humano, un factor clave en el siglo XXI. Además, la drástica reducción del gasto de capital para alcanzar el equilibrio fiscal refuerza la necesidad de invertir en infraestructura, un área descuidada en los últimos años. A lo largo y ancho del mundo, la participación del Estado en estos ámbitos ha sido clave, lo que representa un desafío conceptual que deberá resolver satisfactoriamente el gobierno.
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