Por Álvaro J. Galli – Socio / Partner Beccar Varela

Uno de los principales factores de incertidumbre en el cálculo de las indemnizaciones por despido ha sido la determinación de la remuneración que debe utilizarse como base de cálculo, especialmente cuando el trabajador percibe bonos, comisiones u otros incentivos variables.

La redacción anterior del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo dio lugar a numerosas controversias judiciales sobre los conceptos que debían incluirse y la forma de computarlos. Las interpretaciones divergentes dificultaban estimar el costo de una desvinculación, particularmente en el caso de ejecutivos y personal comercial, cuyas remuneraciones suelen tener un componente variable significativo.

La Ley de Modernización Laboral 27.802 procura reducir esa incertidumbre mediante reglas más precisas.

En primer lugar, excluye expresamente de la base indemnizatoria los conceptos de pago no mensual, como los bonos anuales o semestrales. Busca así resolver una discusión que durante años generó criterios judiciales diferentes.

También establece que se consideran habituales los conceptos devengados durante al menos seis meses del último año calendario. Para las remuneraciones variables, como comisiones o premios mensuales, dispone que se tome el promedio de los últimos seis meses o del último año, si este último resulta más favorable al trabajador. De esta manera, procura evitar que un ingreso excepcional en determinado mes distorsione la base indemnizatoria.

Por último, incorpora el criterio establecido por la Corte Suprema en el fallo “Vizzoti”, estableciendo que la aplicación del tope previsto en el convenio colectivo no puede reducir la base de cálculo en más de un 33%.

Estas modificaciones constituyen un avance hacia una mayor previsibilidad. Sin embargo, no necesariamente pondrán fin a la litigiosidad.

Ya se han planteado cuestionamientos constitucionales a la exclusión de los bonos no mensuales, especialmente cuando representan una parte importante de la compensación, invocando los principios de progresividad y no regresividad. A mi juicio, esos planteos merecen un análisis cuidadoso: la legislación anterior no ordenaba expresamente incluir esos bonos en la base indemnizatoria y su cómputo respondía a determinadas interpretaciones jurisprudenciales, que tampoco fueron uniformes. Por ello, no parece correcto concluir que la nueva regulación sea inconstitucional por el solo hecho de apartarse de esos criterios.

Persistirán, además, discusiones sobre la naturaleza de ciertos beneficios e incentivos, como los automóviles de compañía o los planes de acciones, y sobre la aplicación temporal de las nuevas disposiciones.

En definitiva, la reforma introduce reglas más claras y objetivas, pero su efectividad dependerá de la interpretación que adopten los tribunales. Si prevalecen interpretaciones que, bajo una concepción excesivamente amplia del principio protectorio, terminan apartándose del texto legal, la incertidumbre persistirá a pesar de los cambios legislativos. La seguridad jurídica no depende únicamente de contar con normas claras, sino también de que los jueces las interpreten y apliquen correctamente, independientemente de sus ideologías.

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