Publicado el jueves 03 de septiembre del 2020 a las 15:18.

HERRAMIENTAS CLAVES PARA LA GESTIÓN LEGAL DE LAS EMPRESAS FRENTE A UN FUTURO INCIERTO


El  jueves 3 de septiembre, LIDE Argentina realizó una nueva edición de LIDE Talks que contó con la presencia de profesionales del estudio Marval, O'Farrell & Mairal.

 

El evento llevó por nombre El nuevo ADN de la relación Empresa/Estado, y brindó, desde diferentes ángulos, herramientas útiles e información clave para la gestión legal de futuros desafíos.

 

Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE Argentina, dio inicio al evento: “Desde un punto de vista crítico, estamos advirtiendo el avance del intervencionismo del Estado sobre las libertades individuales, en mi opinión, un poco con la excusa de la pandemia, mucho nuevo derecho, muchas nuevas regulaciones. Para quienes debemos gestionar empresas y organizaciones es clave conocer ese nuevo marco normativo y los desafíos que se nos presentan en el escenario presente y futuro”.

 

“Para ello contamos con la presencia de cuatro socios del estudio jurídico más importante del país: Marval, O'Farrell & Mairal: Pablo Artagaveytia, Roberto Silva, Enrique Veramendi y Enrique Stile”.

 

 

PABLO ARTAGAVEYTIA - SOCIEDADES, FUSIONES, ADQUISICIONES Y TEMAS CORPORATIVOS

 

 

“Bajo esta nueva administración, y como consecuencia de la pandemia, hemos visto una mayor participación del Estado en cuestiones vinculadas a las empresas”.

“Entre ellas me  parece importante destacar la actividad de la Inspección General de Justicia (IGJ), que ha tomado un rol mucho más interventor en los temas de las compañías”.

 

A modo de ejemplo, enumeró algunas de sus actividades más importantes que destacan la política implementada por la IGJ:

 

1.   El dictado de la Resolución 5 que establece un principio de control sobre el objeto social y el capital social.

 

2.   La posibilidad de hacer reuniones de directorio, gerencia y socios  a distancia. Una vez terminada la pandemia solo seguirán con esta metodología aquellas compañías que hayan modificado sus estatutos al respecto. Si las empresas consideran útil esta herramienta deberán incluirla dentro de sus estatutos.

 

3.   Inscripción de fideicomisos. Establece que si algunos de los fiduciarios posea domicilio en CABA debe registrarse en la IGJ.

 

4.   Cupo femenino obligatorio en los órganos administrativos y de fiscalización de ciertas S.A. Dentro de este artículo se excluye a las sociedades que hacen ofertas públicas, las que tengan más de 50 millones de pesos de capital y las sociedades unipersonales. La sanción por no cumplirla es una denuncia ante el INADI y si se reiterara podrían verse restringidas en sus relaciones con el Estado. Rige a partir del 5 de octubre de este año.

 

5.   Sociedades por acciones simplificadas. Son vistas por la IGJ como acciones para evadir la ley y seguramente dejarán de ser utilizadas a futuro.

 

Ante la consulta sobre su opinión sobre la presencia de la ideología en los procesos regulatorios, Artagaveytia manifestó: “La parte ideológica siemrpe está presente. Hay una inclinación a tener un poco más de control e intervención en aspectos de la vida privada. La cuestión de género –aunque es una tendencia mundial- toca esferas privadas y está más abocada a empresas que tengan relación con el Estado. Habría que ver si se extiende más allá de eso, lo cual no sería lo mejor”.

 

 

ROBERTO SILVA – MERCADO CAMBIARIO Y NORMAS DEL BCRA

 

 

“Cuando hablamos de control de cambios lo definimos como una herramienta que pretende equilibrar el mercado de divisas, aumentado la oferta y restringiendo la demanda. Cuando hablo de generar oferta hablo del ingreso a través de la liquidación obligatoria de los dólares derivados de la exportación de bienes y servicios; y la disminución de la demanda se implementa a través de modificaciones en las importaciones de bienes, los servicios (que normalmente incluyen las regalías), los dividendos, el turismo y el atesoramiento”.

 

Ante la cuestión sobre si nota alguna diferencia entre los mecanismos que se utilizan en el presente control de cambios en relación a los que se usaban en etapas anteriores, Silva respondió: “No, el mecanismo es el mismo, lo único que podría marcar es que los plazos son más cortos, esto tenía mucho sentido al principio, ahora serían deseables plazos más largos, pero la escasez de divisas no lo hace posible”.

 

“En lo referido al ‘contado con liqui’ hablamos de comprar un activo en una moneda y venderlo en otra: compro títulos en pesos y los vendo en dólares.

Antes la única regla es que había que tener los títulos en cartera por 72 horas, pero desde 2019 existe una norma que dice que el BCRA lo puede regular”.

¿Qué cambió ahora?

“Se recalentó el mercado del ‘contado con liqui’ en abril-mayo del año pasado  y a partir de ahí el Gobierno promulgó una norma en mayo de este año que puso muchas más trabas al ‘contado con liqui’, y por primera vez cruzó el ‘contado con liqui’ con el mercado de cambios, por lo que quienes reciben ayuda estatal no pueden utilizar el contado con liquidación de salida, los que acceden al ‘contado con liqui’ no pueden ingresar al mercado de cambios”.

“Este universo en totalmente distinto, donde se cruzan el mercado de cambios y el ‘contado con liqui’”.

 

“Reglas más duras de la reglamentación te dicen que si tenés dólares no te van a vender dólares en el mercado, debés usar los que tenés y si los ‘escondiste’ hay algunas reglas que te obligan a repatriarlos. Y a la vez se presentan dos reglas que se suponen que eran transitorias, pero aún siguen en vigencia: la primera dice que el pago de préstamos entre vinculadas no se puede hacer, afectando sólo al capital, sí se puede pagar intereses; y la segunda manifiesta que si adelantaste pagos o pagaste deuda comercial no tenés acceso al mercado de cambios para importar”.

 

Y la pregunta que surge es hacia dónde vamos: “Eso es muy difícil de predecir, pero pareciera que no se puede seguir así; o cambia el precio del dólar, cosa que no creo que el Gobierno lleve adelante, o no se puede seguir vendiendo divisas a todos los que están comprando, no hay reservas disponibles para ello”.

 

Como repuesta a la consulta sobre qué hacer mientras tanto, Silva afirmó: “Las empresas se tienen que asegurar de cumplir con las normas, porque las penas son muy duras, es fundamental contar con abogados que los asesoren en esas cuestiones”.

 

 

ENRIQUE VERAMENDI - DERECHO PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO

 

 

“La agenda deja de estar determinada por la pandemia y comienza a ser la agenda regulatoria propia del Gobierno y esa agenda tiene un primer sesgo que está dado por una visión muy revisora de lo actuado por el Gobierno anterior. Esa vocación tan fuerte de revisión puede observarse en procesos como los contratos de Participación Público Privada (PPP), la reforma que permitió, en el ámbito de la aviación comercial la creación de las Low Cost, y también en las áreas energéticas lo cual tiene un componente complejo y una repercusión clara en los sectores alcanzados por estas decisiones”.

 

“Al mismo tiempo, el Ejecutivo no ha tomado decisiones sobre algunos temas importantes, como la regulación de las tarifas, sólo vemos un congelamiento que se extiende en el tiempo”.

 

“Aparecen otras cuestiones que no estaban en la agenda, como el avance sobre los servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) que caracteriza estos servicios como públicos, sujetos a regulación de precios, con la lógica del Gobierno de avanzo primero y negocio después, a contramano de lo que se hace en países centrales”.

 

“Otra preocupación que se genera es el uso abusivo de los DNU, que hasta el momento sólo se veía en temas relacionados a la emergencia sanitaria, pero en este caso involucra cuestiones conceptuales complejas. La figura de la regulación de precios tiene su razón de ser en áreas en las que no hay posibilidades de competencia, algo que claramente no se aplica a las telecomunicaciones, lo que además plantea dudas en términos de inversiones que hacen a la infraestructura del país”.

 

Como corolario, Veramendi afirmó: “Estamos en un momento de definiciones, no tan a corto plazo, pero sí en términos de meses, con novedades que veremos a fin de año con la sanción de la Ley de Presupuesto. Esto marcara la agenda del Gobierno, al menos, hasta las elecciones legislativas de 2021”.

 

 

ENRIQUE STILE - DERECHO LABORAL

 

 

“Es obvio que la mayoría de las empresas necesitan reestructurase, tanto por cuestiones derivadas de la pandemia, como por los avances tecnológicos que impuso la cuarentena,  la mayoría de las empresas notan que sobra gente, pero los despidos están suspendidos y se aplica la doble indemnización. ¿Qué se puede hacer al respecto? “.

 

“Las empresas que han presentado procedimientos preventivos de crisis han fracasado en su intento, por lo que le camino es otro.

Cuando hablamos de desvinculaciones individuales, la opción que hay es arribar a un acuerdo de partes, y es algo que está funcionando bastante bien, mucha gente lo está aceptando. ¿Cómo se instrumenta? Se habla con el empleado y se firma el acuerdo ante un escribano público”.

 

Y continuó: “La desventaja es que al no ser un despido no tiene efecto de cosa juzgada y puede generar reclamos posteriores, pero si se lo maneja bien que eso ocurra es muy improbable”.

 

“Las desvinculaciones masivas (turismo, aviación, petróleo, restaurantes) se están haciendo a través de planes de retiros voluntarios; si hay sindicato se debe hacer un acuerdo marco con ellos y negociar un monto razonable. Difícilmente en este plan la gente acepte menos que lo legal, mientras más se ofrezca más rápido se llegará a una solución. Para el caso de los empleados que tienen poca antigüedad es más difícil y hay que generar algunos incentivos más”.

 

“En este punto hay que ser muy cuidadoso con la comunicación, se debe invitar a participar a todos los empleados pero la empresa debe reservarse el derecho de aceptar o no, por razones operativas, el retiro voluntario de algunas personas”.

 

“En los retiros voluntarios de directores y gerentes, las sumas están gravadas y eso dificulta un poco las negociaciones, por lo que se apunta a planes individuales y estrategias como la indemnización en dólares, ya que pagarían impuestos sobre el tipo de cambio oficial, lo cual es un incentivo”.

 

“En todos los casos deben estar presentes los abogados del empleado para evitar que haya reclamos posteriores a la firma de un acta acuerdo”, concluyó.

 

 

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